El anuncio del memorando de 100 días de DHS el 20 de enero de 2021, se produce después de años de trabajo incansable de la comunidad indocumentada. Se hace realidad después de que innumerables personas indocumentadas compartieran sus experiencias para exigir que no haya más deportaciones. El memorando tal como está asegurará una revisión de los memorandos de discreción procesales anteriores y proporciona pautas provisionales que dan prioridad a las personas encargadas de hacer cumplir la ley que están etiquetadas como terroristas, recién llegades y personas que están siendo liberades de prisión y tienen una condena por delito grave agravado. Por último, el memo proporciona una pausa sobre las deportaciones. Si bien el memorando brinda cierto alivio, no debemos bajar la guardia. Después de todo, este es un proyecto de ley temporal, lo que hace que los 100 días sean críticos en lo que presionamos para que la Administración de Biden implemente a largo plazo.

La revisión de memorandos de discrecionalidad procesales anteriores es una acción importante. Este es un proceso que debe centrar las voces de las personas directamente afectadas por estas leyes y acciones. Debemos seguir retando la exclusión de las personas con antecedentes penales del alivio y la protección. No podemos volver a los memorandos de discrecionalidad de la fiscalía que nos trajo la administración Obama que sólo promovieron la narrativa de buenos inmigrantes versus malos inmigrantes. Creemos firmemente que nadie es desechable y que las pautas de aplicación que dan prioridad a las personas con antecedentes penales, acusaciones de terrorismo y recién llegados solo tienen el propósito de continuar con la criminalización de nuestra comunidad migrante. Si bien la pausa de las deportaciones es una acción bienvenida, no debemos olvidar que esto no significa una pausa en las redadas y arrestos. Este memorándum tampoco habla en absoluto de las personas actualmente detenidas por ICE.

Los próximos 100 días son críticos y marcarán el tono de lo que vendrá en los próximos cuatro años de la administración de Biden. Como OCAD, estamos comprometidos con exigencias que nos acerquen a la liberación de la comunidad inmigrante, demandas que continúan generando cambios de abajo hacia arriba:

• La liberación inmediata de les detenides por ICE y el cierre de estos centros de detención y contratos de ICE.
• Regresar a casa a les que han sido deportades, incluyendo activistas y organizadores inmigrantes a quienes DHS atacó y deportó porque participaron en protestas, denunciaron abusos y otras actividades de derechos civiles.
• Desinvertir el presupuesto de ICE y CBP, casi $26 mil millones, que les permite ejecutar acciones dañinas contra nuestras comunidades migrantes. En cambio, este dinero debe invertirse en esfuerzos que mantengan seguras a nuestras comunidades, como vivienda, educación y atención médica.
  

Sabemos que el cambio radical no va salir de la oficina de un presidente ni de ningún otro político. Necesitamos seguir organizándonos y exigir más acciones que nos lleven a la justicia y seguridad a nuestras comunidades. También debemos dejar en claro que estamos atentes y dispuestes a exigir un rendimiento de cuentas a les funcionaries electes. Nosotres somes lo que necesitamos!